La nueva planta funcionaria universitaria, aprobada mediante el decreto N° 20 de 2022, fue diseñada sobre la base de un conjunto de principios que recogen tanto el aprendizaje institucional acumulado como las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales en materia de gestión de personas en el sector público. Entre estos principios destacan:

1. Separación entre planta académica y planta funcionaria:

Se establece una distinción clara entre las funciones propias de la academia (docencia, investigación, vinculación) y las labores administrativas, técnicas y de apoyo, lo que permite aplicar marcos normativos diferenciados y adecuados a cada ámbito.

2. Profesionalización del trabajo administrativo:

Se reconoce el valor estratégico del personal no académico en el cumplimiento de los objetivos institucionales. La nueva planta fortalece el acceso por mérito, la especialización funcional y la posibilidad de desarrollo dentro del sistema.

3. Flexibilidad organizacional y funcional:

La planta abandona la lógica de cargos excesivamente específicos o adscritos a denominaciones rígidas. En su lugar, adopta categorías más amplias y genéricas, que permiten adaptarse a la evolución natural de las funciones y estructuras universitarias.

4. Transparencia y equidad en las trayectorias funcionarias:

La estructura de grados y cargos busca reflejar de manera más coherente los niveles de responsabilidad y complejidad de las funciones. Se eliminan asimetrías que históricamente se generaban entre escalafones y se promueve un marco más claro para el desarrollo de carrera.

5. Movilidad interna y encasillamiento justo:

La nueva planta contempla un sistema de encasillamiento regulado que permite transitar desde la planta anterior y desde la contrata a los nuevos cargos, reconociendo la experiencia institucional acumulada. Al mismo tiempo, se habilitan trayectorias que permiten a los funcionarios proyectar su desarrollo al interior de la institución.

6. Sustentabilidad y adecuación al entorno:

El diseño de la planta considera el tamaño real de la institución, la matrícula de pre y postgrado, y los compromisos derivados del aseguramiento de la calidad. Asimismo, incorpora criterios de sostenibilidad presupuestaria y proyección futura.

La planta funcionaria que rigió en la Universidad de Valparaíso desde 1988 fue concebida en un contexto muy distinto al actual. Su estructura reflejaba una lógica jerárquica tradicional, con cargos definidos en función de denominaciones específicas, algunas de ellas heredadas de una cultura administrativa propia de otras épocas del sector público. Esta forma de organización, aunque adecuada en su tiempo, fue perdiendo pertinencia frente al crecimiento, la complejidad y la transformación que ha experimentado la Universidad en las últimas décadas.

En contraste, la nueva planta funcionaria aprobada en 2022 representa un cambio estructural y conceptual. Su diseño responde a criterios de modernización organizacional, flexibilidad funcional y adaptación al entorno institucional y normativo vigente.

A continuación, se presentan algunos de los cambios más relevantes:

Uno de los aspectos centrales del rediseño fue la redefinición de los tramos de grados para cada estamento funcional. Mientras la planta de 1988 contemplaba rangos amplísimos (por ejemplo, desde el grado 5 al 28 en la planta administrativa), la nueva planta acota esos márgenes, permitiendo una estructura más ordenada y coherente.

Los nuevos tramos por planta son:

Esta simplificación de la escala permite:

• Evitar solapamientos entre plantas.

• Facilitar la lectura y administración de los grados.

• Establecer relaciones más claras entre nivel de responsabilidad y ubicación en la escala.

• Dar paso, en el futuro, a mecanismos más transparentes de promoción y evaluación del desempeño.

Así, la planta ya no es solo un listado de cargos; es una herramienta de gestión moderna, alineada con las buenas prácticas en gestión de personas del sector público y con la estrategia institucional de la Universidad.

El encasillamiento es el mecanismo mediante el cual se asignan las y los funcionarios a los cargos definidos en la nueva planta funcionaria, en función de su situación contractual previa, sus grados y su trayectoria en la Universidad. Se trata de un proceso reglado, con criterios definidos por la normativa vigente y por las decisiones institucionales específicas adoptadas para su implementación.

La base legal del encasillamiento está dada por el Estatuto Administrativo, particularmente en su artículo 15, y por las disposiciones del decreto N° 20 de 2022, que fija la nueva planta funcionaria universitaria. A ello se suman reglas técnicas elaboradas en conjunto entre la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas y la asociación de funcionarios (AFUV), validadas por la Fiscalía General y revisadas por la Contraloría Regional de Valparaíso.

• 1. Diagnóstico y diseño técnico de la nueva planta (2020–2021)
  
  Se inició con una revisión integral de la planta vigente, su estructura de grados, su coherencia con la organización real de la Universidad y sus proyecciones institucionales. Este diagnóstico permitió construir una propuesta de planta más simple, flexible y adecuada al contexto actual. El resultado fue consolidado en la Memoria Técnica N° 1, que sirvió como base para el rediseño.
  
  

• 2. Validación institucional y dictación del decreto N° 20 (2022)
  
  El diseño fue revisado por la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas, la Fiscalía General, la asociación de funcionarios y la autoridad universitaria. Sobre esa base se dictó el decreto N° 20, que aprobó la nueva planta funcionaria y habilitó formalmente el proceso de encasillamiento, en conformidad con el Estatuto Administrativo.
  
  

• 3. Definición de reglas de encasillamiento (2022–2023)
  
  Para ejecutar el encasillamiento de forma justa y ordenada, se elaboraron criterios técnicos específicos, con énfasis en el principio del grado más favorable, la posición relativa en el escalafón y la antigüedad institucional. Estas reglas quedaron recogidas en la Memoria Técnica N° 2, y fueron revisadas por las instancias pertinentes, incluyendo la Contraloría Regional.
  
  

• 4. Preparación de información y soporte técnico (2023)

  Se consolidaron y validaron los antecedentes de las y los funcionarios, se desarrollaron herramientas de apoyo al proceso y se realizaron acciones de capacitación. Esta etapa permitió preparar las condiciones técnicas e institucionales para la implementación del encasillamiento.
  
  

• 5. Ejecución del encasillamiento (2023-2025)

  Se inició el proceso de encasillamiento, asignando a las y los funcionarios los nuevos cargos y grados de la planta aprobada. Este proceso se ha implementado por etapas, según los escalafones definidos, aplicando los criterios institucionales vigentes y notificando formalmente a cada persona sobre su nueva situación.

  • Encasillamiento del personal de planta (año 2023).

  • Encasillamiento del personal administrativo y auxiliar (año 2024).

  • Encasillamiento del personal técnico (año 2025).

  • Encasillamiento del personal profesional (año 2025).

• 6. Asimilación de funcionarios/as a contrata (posterior al encasillamiento)

  Una vez finalizado el encasillamiento, la Universidad avanzará en la asimilación de los funcionarios que continúen en condición de contrata, quienes deberán ser vinculados a los cargos y grados definidos en la nueva planta. Este proceso permitirá alinear el conjunto de funciones efectivamente desempeñadas con la estructura formal establecida en el decreto N° 20.
  
  

• 7. Inicio de la carrera funcionaria en régimen

  Finalizado el proceso de adaptación, se dará paso a una nueva etapa: la implementación de un sistema de carrera funcionaria en régimen, con reglas estables para la promoción, la movilidad interna, la evaluación del desempeño y el desarrollo profesional. Este sistema será la base de una gestión de personas más coherente, predecible y moderna.

¿A quiénes aplica?

El encasillamiento se aplica al personal que, al momento de dictarse el decreto N° 20, se encontraba en condición de planta o de contrata desempeñando funciones equivalentes a las consideradas en la nueva estructura.

¿Cómo se determina el grado de encasillamiento?

Se definió una metodología técnica basada en el principio del grado más favorable: se compara el grado de contratación con el grado nivelado (que reconoce la antigüedad en la institución) y se elige el más alto.

Luego, se establece una equivalencia proporcional entre la antigua y la nueva planta, calculando la posición relativa de cada grado dentro de su respectivo tramo. De este modo, se asigna a cada funcionario un nuevo grado en la planta actual que guarda coherencia con su trayectoria y situación previa.

En caso de que existan más candidatos admisibles que cargos disponibles en un grado determinado, se aplicará el criterio de antigüedad institucional para ordenar el encasillamiento, respetando la lógica general del sistema.

¿Qué ocurre si un funcionario no es encasillado?

El decreto N° 20 contempla mecanismos de protección para los casos en que un funcionario no pueda ser encasillado:

• A aquellos funcionarios que cumplían los requisitos para encasillar, pero que no lo hubieren hecho por falta de cupos, se les otorga prioridad en futuros concursos de paso a la planta.

• Funcionarios a contrata que no cumplen requisitos para el encasillamiento se mantienen en funciones en sus cargos y grados originarios por un período transitorio de hasta 24 meses, para luego ser asimilados en los cargos de la nueva planta.

El encasillamiento no es solo un procedimiento de regularización. Marca el inicio efectivo de una carrera funcionaria renovada, donde la trayectoria, la formación y el desempeño serán los pilares del desarrollo laboral dentro de la Universidad. Permite corregir distorsiones acumuladas, dar certeza a los funcionarios sobre su situación futura, y establecer las bases para sistemas modernos de evaluación, promoción y movilidad interna.